La democracia es un sistema político en el que la soberanía (poder) reside en el pueblo. Este poder puede ser ejercido directamente o a través de representantes. Los españoles lo hacemos a través de representantes. Sin embargo, a estos representantes (diputados) no los hemos elegido nosotros, sino los líderes de los partidos políticos. Nosotros solo decidimos el partido que queremos que gobierne, pero no al político que nos representa.

En una democracia los ciudadanos deberían poder echar a los políticos negligentes del poder, pero en España las leyes nos lo impiden. Nuestros dirigentes y las grandes corporaciones tienen privilegios: casi nunca cumplen sus condenas, tal y como ocurre con las familias reales de los países que se mantienen como monarquías (nadie puede quitarlos de sus tronos). Ni siquiera podemos sacar a los políticos del poder cuando cometen verdaderas violaciones de los Derechos Humanos, como hicieron durante el Estado de Alarma en la pandemia o cuando aprobaron la Ley de Violencia de Género (LIVG), con la que suprimieron la presunción de inocencia de todos los hombres españoles, un derecho humano universal y básico.

Es evidente que el pueblo que ejerce el poder no está siendo el mismo pueblo sobre el que es ejercido, dado que los políticos se saltan la Constitución y la ley a la torera y los ciudadanos de pie la sufren. La filosofía de nuestros gobernantes es: haz lo que digo, no lo que hago.

Estos son algunos de los requisitos fundamentales para que exista una democracia:

  • Libertad de expresión.
  • Diversidad de fuentes de información.
  • División de poderes.

1. Libertad de expresión:

No solo no existe en España, sino que no existe en el mundo (Cuesta-Cambra, Martínez, Niño-González, 2019). La censura está extendida en todos los medios de comunicación oficiales y, sobre todo, en las redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok y X, en los siguientes temas: vacunas, COVID-19, guerra de Ucrania y Rusia, guerra de Israel y Palestina, cambio climático, gobierno mundial, teorías de la conspiración, sionismo, judaísmo, masonería y atentados de falsa bandera, entre muchos otros. Sus algoritmos están entrenados para eliminar o limitar el alcance de cierta información.

De hecho, durante la pandemia muchos ciudadanos españoles se autocensuraron para poder desempeñar sus trabajos o mantener unas relaciones sociales cordiales. En una democracia, esta medida es inaceptable. El debate debe existir siempre. ¿Cómo puede surgir la verdad si no es con la discusión? Cerrar puertas a algunas opiniones solo porque una oligarquía, aunque sea tecnocrática, que actualmente no lo es, considera que son absurdas es un error. Equivale a afirmar que la verdad que se posee es la verdad absoluta e incuestionable.                 

Las sociedades en las que las libertades civiles y la diversidad de opiniones fueron respetadas no han existido nunca. Para que exista una democracia debe haber un pensamiento único: todos deben estar de acuerdo en no alterar la estabilidad, así como una mediocridad colectiva que acabe con la originalidad y capacidad individual en favor de mantener el sistema. Para conseguir una narrativa única los políticos aplican la censura, o como ellos lo llaman para que lo aceptemos: lucha contra la desinformación. 

De esta manera, nunca sabremos si estamos siendo engañados. No podemos comparar la información a pesar de que existan 300 medios distintos, dado que todos transmiten el mismo mensaje. Nos tratan como si fuéramos niños pequeños. Aunque, bueno, lo cierto es que la mayoría de la ciudadanía actúa como niños pequeños. Tal vez por eso nos traten así.

La diversidad crea diferencias y conflictos (entendido este como el encuentro entre dos o más opiniones distintas), y está bien que así sea, porque sin los conflictos no evolucionamos. Son las propias personas las que deben decidir en lo que quieren creer y hacerse responsable de sus decisiones: si creen en una teoría de la conspiración falsa, que asuman las consecuencias de sus acciones. Nadie puede ser obligado a realizar o no determinados actos solo porque la mayoría piense que es lo más correcto o justo. Además, la historia nos demuestra que la mayoría suele estar equivocada.

Todos salimos más beneficiados cuando dejamos que cada uno viva a su manera que obligándole a vivir a la nuestra. Los medios y los políticos nos han hecho creer que no debemos confiar en nosotros mismos y nuestra capacidad para distinguir la verdad de la mentira: solo ellos pueden hacerlo. Confiar ciegamente en la autoridad hoy en día es irracional: deberíamos fiarnos de lo lógico y experiencial, no creernos las cosas porque provengan de una persona o un medio u otro.                   

Si nunca actuamos en base a nuestras opiniones porque puedan estar equivocadas no estamos aplicando el regalo que se nos ha dado: el juicio. Dejaríamos nuestros deberes incumplidos. Es vital adquirir el hábito de poner en tela de juicio nuestras opiniones y enfrentarlas a las de otros. Solo así podremos corregir o rectificar nuestras creencias irracionales. Prohibir esta actitud a través de la censura es un atentado contra la Humanidad.

John Stuart Mill decía que quien solo conoce una parte de la cuestión no conoce gran cosa, y que es probable que los disidentes tengan algo que decir que deba ser oído. Cuando dejamos de dudar de una cuestión es cuando empezamos a cometer errores. Hay que actuar a pesar de la duda, no eliminarla.

2. La división de poderes:

En España no ha existido nunca ni en la teoría ni en la práctica, pues el presidente tiene el poder ejecutivo en sus manos, así como la capacidad de proponer y aprobar leyes con su partido político (poder legislativo), teniendo habitualmente la mayoría en el Congreso, y goza de la potestad de nombrar y cesar a los fiscales del poder judicial (previamente pregunta al rey, pero este se dedica a enmudecer y a asentir con la cabeza porque de lo contrario el pueblo se le echa encima). En la práctica, los 3 poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) se concentran en una sola persona: el presidente del Gobierno.                      

Me apiado del miembro de algún partido que se oponga a su líder. No lo hacen porque de lo contrario los echan. ¿En qué clase de democracia una persona que no considera adecuada una ley no puede oponerse por miedo a ser expulsado de su asiento?         

Estados Unidos es el único país del mundo donde un político puede votar en contra de lo que propone su líder de partido sin miedo a ser expulsado, ya que se deben a los ciudadanos de su distrito, no al líder del partido.

Ningún ciudadano corriente puede acceder al poder en España: únicamente los privilegiados con dinero suficiente para realizar una campaña electoral competente pueden hacerlo. Cuantos más escaños tiene un partido político en el Congreso, más dinero público recibe para realizar su campaña. Eso no es democracia: es plutocracia (gobierno de los ricos). Adquiere el poder el que haga mejor uso del marketing, no el más apto, y habitualmente quien hace mejor uso del marketing es el que más dinero utiliza para contratar a los profesionales más cualificados. Concretamente, en España lo que tenemos es una partitocracia, un sistema de gobierno donde los que toman las decisiones no son los ciudadanos, sino los partidos políticos, es decir, una oligarquía.        

3. En cuanto a la diversidad de fuentes de información:

Voy a aportar 3 datos:

  • Todos los medios de comunicación importantes reciben subvenciones del Estado a través de la «publicidad institucional» y cada año aumenta el nivel de dependencia al Gobierno de turno, dado que aumenta la cantidad de dinero público destinado a ellos. De hecho, el sector audiovisual tiene como principal fuente de ingresos las subvenciones públicas (Galletero-Campos, & López-Cepeda, 2018). Además, los primeros en ser rescatados durante una crisis son los bancos y los medios de comunicación. Ya lo vimos durante la pandemia (Nosty, 2009). ¿Qué clase de información darán los medios de comunicación si todos dependen de la misma institución (el Estado) para garantizar su supervivencia en el mercado? La que la institución (el Estado) decida. Norma básica de la supervivencia: no provoques a quien te da de comer.
  • Ningún español es dueño de los medios de comunicación importantes que existen en nuestro país. Grupo Planeta, Mediaset España, Prisa, Unidad Editorial, Godó, Vocento, Henneo y Prensa Ibérica son los principales grupos que controlan la mayoría de los medios españoles. Sus accionistas son: fondos de inversión internacionales, bancos internacionales y empresas extranjeras. Ni siquiera los propios españoles deciden qué información se da en nuestro país y cuál no, sino la burguesía internacional. En consecuencia: solo escuchamos 8 opiniones distintas: las de una oligarquía internacional. Por ejemplo, dos periódicos completamente distintos como lo son ElPlural y OkDiario tienen el mismo mayor accionista. ¿Por qué un mismo empresario tiene dos medios de comunicación de ideología distinta? ¿Por qué no se le puede poner nombre a ese empresario?
  • El 80% de los que trabajan en la profesión periodística reconoce haber sufrido presión para cambiar elementos significativos de sus informaciones. En adición, se autocensuran ellos mismos porque las empresas del IBEX 35, a través de acuerdos institucionales, pagan la nómina de diversos periodistas de los medios de comunicación, véase Telefónica, BBVA, Repsol, Santander, etc. Numerosos periodistas, entre ellos Lorenzo Ramírez, admiten haberlo vivido en persona en los podcast e intervenciones en los medios.

Que en pleno siglo XXI sigan existiendo las monarquías en el mundo como la española o británica, aunque sean constitucionales, me da vergüenza como ser humano pensante y racional. Quería dejar esta idea por escrito. Estamos a favor de poder elegir nuestro futuro, y, sin embargo, estamos a favor también de mantener los privilegios de una familia que no ha sido elegida. ¿Es que nadie ve lo incongruente que es esto?

Nuestros políticos tienen muy poco margen para decidir el futuro de España, pues el 80% de las leyes vienen de la Unión Europa y un 10% de la presión de los sectores privados de la sociedad (bancos, empresas de telecomunicaciones, farmacéuticas, etc. –el IBEX 35-). En consecuencia, el margen que tienen nuestros gobernantes para implantar una ley es de apenas un 9%. María Andrés, directora de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, asegura que el desconocimiento en el ciudadano medio de lo que es Europa se debe la complejidad en el proceso de la toma de decisiones y la lejanía de las instituciones en Bruselas.

Estamos sustentando con nuestros impuestos un Estado que es ineficaz y que rara vez, por no decir nunca, cumple con sus funciones porque, ya no es que los políticos no quieran cambiar el sistema socioeconómico corrupto, si no que no pueden hacerlo. Es decir, que esté en el poder un partido u otro es irrelevante: su margen de actuación es escasamente de un 9%.                

¿En qué momento nos hemos vuelto tan ingenuos como para pensar que vivimos en una democracia en la que podemos elegir nuestro futuro cuando nuestras alternativas se reducen a 2 partidos políticos financiados por los banqueros internacionales: PP y PSOE?

Como bien decía Antonio García-Trevijano: “El que nunca ha tenido experiencia de la democracia, a cualquier cosa le llama democracia”. La única democracia real del mundo es la de Estados Unidos. Al menos, sobre el papel. La práctica es un poco más compleja… ¿Debería hablar de la compra de votos, Indra Sistemas y el caso de Cambridge Analytica? Déjamelo saber en los comentarios.

Bibliografía:

Cuesta-Cambra, U., Martínez, L. M., & Niño-González, J. I. (2019). Análisis de la información pro vacunas y anti vacunas en redes sociales e internet. Patrones visuales y emocionales. Profesional de la Información, 28(2).

Denuncia de Amnistía internacional sobre la violación de Derechos Humanos durante el Estado de Alarma en España: https://www.es.amnesty.org/fileadmin/user_upload/Violaciones_ddhh_estado_de_alarma_junio_2020.pdf

Galletero-Campos, B., & López-Cepeda, A. M. (2018). Ayudas directas y publicidad institucional a medios de comunicación en el escenario autonómico: indicadores y pautas de mejora. Profesional de la información, 27(3), 682-691.

García, F. J. Á. (2020). Estado de alarma o de excepción. Estudios penales y criminológicos, 40.

Nosty, B. D. (2009). Reflexiones sobre la crisis y los medios de comunicación: el rescate del periodismo. Temas para el debate, (177), 23-26.